Por María Guadalupe Morales Sosa

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En los cárteles de droga que asolan México y varios países de Centroamerica, el halcón es  uno de los eslabones más bajos dentro de la organización. Se ocupan de vigilar e informar las actividades de las autoridades policiales y de sus competidores, los otros cárteles.

Raúl Vera, obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila , denunció que los cárteles de la región ya "Están reclutando niños porque los están usando de halcones. Ya hay muchos pequeños que nada más están parados en las esquinas informando". Se calcula que son cientos de  jóvenes de aproximadamente 12 años los que trabajan como "halcones" por 120 dólares semanales. 

Esta problemática había sido expuesta por Vera en una homilía realizada en Saltillo. Un día después, el 19 de julio, fue amenazado con mantas pintadas colocadas en las afueras de su Iglesia, que lo increpaban a hablar sólo de cuestiones eclesiásticas. El obispo no denunció este hecho. Rupert Knox, investigador del Programa Regional de América de Amnistía Internacional, expresó su disconformidad por lo acontecido. “Aunque el obispo no levante denuncia por el hostigamiento del cual fue objeto, se tiene que perseguir a los culpables; esperamos que las autoridades estatales y federales cumplan con la investigación", afirmó.

 
Coahuila es uno de los seis estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos. En él se concentra la mayor parte de los asesinatos vinculados con el narcotráfico. El obispo Vera señaló  que en los últimos seis meses se han producido 300 homicidios y la Procuraduría General de la República , en su página web,  reporta que desde 2006 hasta el año pasado ocurrieron 654 muertes en hechos violentos.
Pero no todos estos crímenes fueron acciones de los cárteles. Según datos del Centro de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo, las fuerzas militares oficiales fueron responsables de muchos de los asesinatos y desapariciones de ciudadanos mexicanos en esa región. El Centro de Derechos Humanos documenta 185 desapariciones forzadas por el accionar de las fuerzas armadas mexicanas y las autoridades gubernamentales recibieron 219 denuncias por este delito.

En Coahuilia existe una Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de Personas Desaparecidas , pero Knox y Amnistía denuncian que no es eficaz y reclaman una mayor seriedad en la investigación: “Se ve un nivel de impunidad realmente escalofriante y los familiares sufren terriblemente por no saber qué les pasó."

Desde finales de 2006, cuando el gobierno mexicano lanzó una ofensiva militar para luchar contra el narcotráfico, no han dejado de aumentar las denuncias contra las fuerzas armadas oficiales por violaciones a los derechos humanos. De allí que el obispo Vera también criticó al plan de militarización impulsado por el presidente Felipe Calderón,  por producir resultados contrarios a los que debería haber ocasionado, si el objetivo era combatir al narcotráfico.

De por sí, el narcotráfico y los hechos criminales derivados de él constituyen un conflicto de difícil solución. Si el único actor con poder para combatir a los cárteles, el Estado, es parte del problema, la situación se agrava aún más.  En México no está fallando solamente el sistema policial/militar, el Poder Judicial tampoco puede dar respuesta a los delitos cometidos. Por el contrario, según denunció Vera, “Están sepultando los expedientes, no están deteniendo, están matando al eslabón más débil, a la carne de cañón, a los narcomenudista (...) Han matado familias enteras, hay cientos de desaparecidos y miles de mujeres viudas o en espera de tener noticias de sus hijos, esposos o hermanos”.