En Estados Unidos, la industria de los videojuegos mueve más de 10 billones de dólares. Muchos de estos videos son juegos de guerra, de peleas, muertes, asesinatos,  contienen escenas sangrientas y hasta tratan de manera agresiva temas sensibles para los niños como ser el bullying en las escuelas.

Frente a esta realidad, se generó una polémica en la sociedad sobre si se debía controlar o no el acceso de los menores a estos tipos de videojuegos. Quienes abogaban por restringir o prohibir su venta a los niños, argumentaban – y aún argumentan – que estos tipos de juego terminan  incitando a los menores a desarrollar conductas violentas.

Pero esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a esta polémica al dictaminar que los videojuegos son un tipo más de arte y medio de expresión, por lo que deben ser amparados por la Primera Enmienda. Esta Enmienda protege la libertad de expresión declarando que “El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios”.

Así, los videojuegos, pasan a ser objetos de derecho como los libros, las películas o las actividades relacionadas con la prensa, al ser entendidos como parte de los nuevos medios que surgieron después de la redacción de la Primera Enmienda.

Uno de los argumentos de la Corte Suprema fue que, hasta 1952, se daba la discusión sobre si las películas de cine eran o no merecedoras de recibir la protección de la Primera Enmienda. Tal como señaló Scalia, uno de los jueces de la Corte Suprema, “En 1915 la Corte  dictaminó que el Estado podía censurar películas porque las mismas podías ser usadas por el demonio”. En la actualidad, este debate quedó obsoleto y nadie dejaría de considerar al cine como parte de un nuevo medio y arte que debe incluirse en la Primera Enmienda.

Esto no significa que todos los videojuegos puedan venderse a cualquier persona. La industria de los videogames, tal como la industria del cine, deberá utilizar una serie de calificaciones para dar aviso a los padres cuando un juego contiene escenas de violencia o de sexo. Ahora bien ¿quien supervisará esta calificación? La Corte dictaminó que el gobierno no tiene la autoridad para determinar cuándo un juego debe ser vendido o no a los menores de edad. Este punto generó nuevas polémicas y posiciones encontradas.

La respuesta de la Corte y de la industria de los videogames fue que, en última instancia serán los padres que controlen a qué juegan sus hijos. Además, señalaron que dado los altos costos de los videos más populares (rondan los 60 USD) deben ser los mayores quienes compren los juegos. 

Con este dictamen, la Corte anuló una reciente ley de California que multaba y restringía la venta y alquiler de videojuegos violentos a los menores. Leland Yee, quien había redactado esa ley, declaró que “La Corte Suprema, una vez más, puso los intereses de las corporaciones norteamericanas por delante de los intereses de nuestros niños”.

Yee no es el único que sostiene esta postura. De hecho, la decisión de la Corte puede verse desde dos perspectivas: como el triunfo de la libertad de expresión para los nuevos medios de comunicación o como el triunfo de las corporaciones frente al bienestar de la sociedad norteamericana. Quienes se inclinan por la segunda perspectiva, remarcan que uno de los principales errores del dictamen es que no sea el gobierno quien controle la calificación de los videogames  y deje que la misma industria decida qué videojuegos no son recomendables para los niños - una de las franjas etarias que más videojuegos consume.