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“Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.”
El texto anterior es uno de los principales puntos del preámbulo del Estatuto de Roma, acuerdo firmado en 1998 que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya y vinculada a las Naciones Unidas. Tal como lo establece el acuerdo firmado, la CPI es un organismo independiente que funciona en forma permanente y que tiene competencia únicamente en los crímenes de lesa humanidad, de guerra, de genocidio y de agresión cometidos después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma.
La Corte está conformada por la presidencia, la cámara de apelaciones, la fiscalía y la secretaría. El Fiscal es el encargado de llevar a cabo las investigaciones, ya sea por iniciativa propia o tras recibir una denuncia del Consejo de Seguridad de la ONU o de un Estado parte. Actualmente, el Fiscal de la Corte es el argentino Luis Moreno Ocampo.
La CPI es un recurso de última instancia. No actúa si el caso es investigado o enjuiciado por el sistema judicial de una nación, al menos que los procedimientos judiciales no sean genuinos, por ejemplo si los procedimientos formales son utilizados para salvaguardar a una persona de una responsabilidad criminal.
Desde su entrada en vigencia en 2002, la CPI ha realizado una labor realmente importante en el continente africano. En esta región - caracterizada por la diversidad de razas, etnias y religiones que no logran convivir en paz - las guerras civiles son casi tan frecuentes como los crímenes cometidos por los mismos gobiernos.
Uganda, Kenia, Ruanda, República Centroafricana, Sudán y La República Democrática del Congo son sólo algunos de los países que reflejan esta situación. Las matanzas, persecuciones y la corrupción de los gobiernos locales, han potenciado estos enfrentamientos durante años. En la República Democrática del Congo se produjeron 3.8 millones de muertes entre 1998 y 2004. En Darfur (región de Sudán), se calcula que murieron alrededor de 400 mil personas en el conflicto que estalló en 2003. Otro ejemplo desgarrador es el genocidio de Ruanda de 1994, cuando 800.000 ruandeses fueron masacrados en tan sólo 100 días.
El alcance de los conflictos bélicos es alarmante y repercute directamente en las condiciones de vida de los africanos. Hay unos 15 millones de refugiados, desplazados internos y otras gentes desarraigadas a lo largo del continente. Las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son alarmantes: cerca de 23 millones de personas viven con SIDA en África, de los cuales el 98% vive en la región subsahariana; el 20% de las muertes infantiles es provocada por la malaria –cada 30 segundos muere un chico por esta enfermedad. Por otra parte, la ONU publicó que cerca de 40 millones de personas sufren las consecuencias de no poder acceder a alimentos; más de 300 millones de africanos –casi un tercio de la población- sufren de hambre crónica.
En 2002, tras años de corrupción ininterrumpida, genocidios, matanzas y constantes enfrentamientos, los países de occidente dejaron de hacer a un lado la vista simulando ignorar esta dramática y preocupante situación. Ese año comenzó a funcionar la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Desde entonces, la CPI ha hecho un importante trabajo impartiendo justicia en un continente que las potencias mundiales solamente recuerdan al momento de extraer recursos naturales. En estos 8 años, la CPI ya ha acusado y encarcelado a varios funcionarios - denunciados por los propios países - de la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Uganda, todos estados miembros de la CPI. Ver:
Pero a la CPI también le queda aún mucho por hacer. Una de las tareas más urgentes es lograr que se incorporen como Estados parte todos los países de África. En los países que aún están fuera de la CPI, la influencia que puede llegar a tener una orden o sentencia de esta Corte, es mínima. Como ejemplo podemos tomar el caso del Presidente de Sudán Omar Al Bashir. La Corte ordenó la captura internacional del mandatario tras acusarlo de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra la población negra de Darfur. Sin embargo, Al Bashir puede desafiar la orden y salir de su país para visitar todos los países que, por no ser miembros de la CPI, no tienen la obligación de entregarlo a la Corte.
Países miembros de la CPI: http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/
